La memoria de Argentina y la amnesia de España.

Extraído de Gobernanza - Revista internacional para el desarrollo humano.

Por Marc Bou*

Hace unos meses, la Corte Suprema de Argentina declaraba inconstitucionales la Ley de Punto y Final y la Ley de Obediencia Debida promulgadas en 1986 y 1987, respectivamente. La Ley de Punto y Final establecía la prescripción de las acciones penales contra militares, policías y funcionarios carcelarios acusados de participar en la represión política durante la dictadura (1976-1983); mientras que la Ley de Obediencia Debida eximía de cualquier responsabilidad penal a aquellos oficiales que, por su ubicación en la cadena de mandos, obedecieron órdenes de sus superiores y que, por tanto, se extralimitaron a la hora de ejercer sus facultades o atribuciones. La vigencia de estas dos normas, conocidas también como las "leyes del perdón", han impedido el procesamiento de centenares de personas presuntamente implicadas en episodios de violación de los derechos humanos. La inconstitucionalidad de ambas leyes permite no sólo poner fin a la impunidad en Argentina (posibilitando, de nuevo, la revisión de muchas causas que quedaron pendientes de resolución), sino también anular en el futuro no muy lejano todos y cada uno de los indultos dictados por el ex presidente Carlos Menem.

El pronunciamiento del más alto tribunal sobre la inconstitucionalidad de las "leyes del perdón", fue precedido por el juicio, en España, del ex militar argentino Adolfo Scilingo. Scilingo, destinado en la tristemente famosa Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), fue condenado por la Audiencia Nacional a 640 años de prisión por crímenes contra la humanidad así como por los delitos de detención ilegal y torturas. Esta sentencia es completamente anómala ya que se trata de una persona que ha sido procesada y condenada por aquellos delitos en manos de un tribunal extranjero. En un primer momento celebré que la Audiencia Nacional estuviera habilitada legalmente, en aplicación de una especie de jurisdicción universal, para perseguir delitos cometidos fuera del territorio nacional susceptibles de ser tipificados como delitos contra la humanidad. Sin embargo, pronto me invadieron serias dudas sobre la moralidad de la justicia española para abanderar este proceso u otros anteriores como el caso Pinochet.

El por qué de mis dudas entronca directamente con el modelo de transición a la democracia que vivió España. Existe una gran unanimidad, tanto política como académica, en considerar que el balance de la transición española es globalmente positivo. De hecho, se sostiene que el modelo español sirvió de modelo de referencia en algunas transiciones latinoamericanas, en la polaca o en la húngara. Y quizás sea cierto. La transición española se caracterizó por los pactos y las negociaciones entre los principales actores del momento. Este escenario fue consecuencia del frágil e inestable equilibrio entre la clase política franquista y la oposición, dividida y con pocos recursos organizativos, que aconsejó a ambas partes renunciar a la violencia pactando nuevas reglas de confrontación civil que pudieron ser aceptadas por todos.

Pero, ¿cuál fue el precio que tuvieron que pagar los españoles para obtener la democracia? Toda negociación, y más cuando ninguna de las partes goza de más poder para imponer sus demandas, conlleva renuncias y concesiones importantes. Por ejemplo, los partidos de izquierda diluyeron su republicanismo y aceptaron la monarquía a cambio de que ésta tuviera poderes limitados y perfectamente definidos. Ahora bien, hasta la fecha, y a diferencia de los sucedido con la derogación de las "leyes del perdón" en Argentina, España ha desistido a la hora de exigir responsabilidades a aquellos que formaron parte del aparato represor del régimen franquista. Como el general Franco, muchos de los que cometieron atrocidades y violaron flagrantemente los derechos humanos finalizaron sus días en democracia sin haber respondido de sus actos ante la justicia. Es más, algunos ocuparon posiciones estratégicas en el mundo de la política y de la economía que les reportaron importantes beneficios.

Analistas y estudiosos de la transición española sostienen que el hecho de no remover el pasado fue uno de los aspectos esenciales para no debilitar el incipiente proceso de democratización del país. De hecho, este argumento también fue utilizado por Menem cuando, en declaraciones ante los medios, justificaba la promulgación de los indultos en pro de la pacificación y como mecanismo para apaciguar los intentos golpistas de los militares. Sea como fuere, ¿cómo puede la justicia española perseguir delitos de este calibre a nivel internacional (como el caso Scilingo) cuando hemos dado la espalda a todas las víctimas de la represión franquista que, por cierto, fueron infinitamente superiores a las de Argentina? Con la inconstitucionalidad de las "leyes del perdón", Argentina pude decir con la voz bien alta que ya no sustenta su democracia gracias al silencio y a la impunidad pero, sobre todo, porque no ha confundido reconciliación con amnesia. Las generaciones futuras agradecerán este gesto de valentía y responsabilidad histórica. España ya habría hecho tarde.


* Marc Bou i Novensà es un joven catalán, analista del Instituto Internacional de Gobernabilidad deCatalunya. Los temas de investigaciones que desarrolla se concentran en pluralismo, identidad, desigualdad, pobreza y derecho de información.