ahora tiro yo porque me toca. VENCEDORES VENCIDOS. REDONDITOS DE RICOTA La dictadura iniciada por el gral. Juan Carlos Onganía con su pretendida “Revolución Argentina” eufemismo que encubría la apertura económica a los capitales monopolistas internacionales de la mano del aquél ministro de economía de triste memoria, Adalbet Krieger Vasena[i]que con los ajustes con que castigó al sector trabajador, sin querer, generó la toma de conciencia de pertenencia de clase de los trabajadores y estudiantes cordobeses que gestaron el reemplazo de onganía después del CORDOBAZO.Repliegue del capital internacional y una nueva oportunidad para los capitales nacionales que daban feroz lucha por el control estructural. Con la breve intervención del gral. Roberto Levingston nuevamente vieron la oportunidad de posicionarse, hasta que vino como reemplazo el gral. Alejandro Agustín Lanusse. Mientras, la convulsión social avanzaba. Las medidas de la dictadura instaurada por aquél general que también se atacó la Universidad estatal -obligando al exilio a docentes e investigadores, y que General Juan Carlos1966-70 “dictador de Argentina, uno de los integrantes del ala derecha del virulento régimen de finales de los 60, fue un claro ejemplo de misticismo, sentido corporativo de Estado, con su énfasis puesto en “las virtudes cristianas y militares” con misticismo fundamentalista. onganía se sentía un “elegido” para delinear el destino del país, de ahí que realizara su golpe de estado a mediados de 1966 junto aalgunos generales e industriales que ubicó en su gabinete los cuales compartían sus creencias de que esas “virtudes” restaurarían la disciplina mental, cultural, social y política en Argentina. Los aspectos feudales del integralismo aparecieron particularmente en esos hombres convencidos de que Dios les había ordenado realizar una sociedad obediente, hierática en la cual cada uno debía conocer su lugar[ii]. Es natural que ellos pensaran que esos valores, particularmente la obediencia y lealtad,se daría en la cadena de mandos, formando parte de la mentalidad militar. La noción que tenía onganía de las reglas de los cuerpos de elite, llamados por Dios a servir y salvar la nación, estaba totalmente fuera de foco con la Argentina moderna que buscaba formas democráticas de gobierno, y donde se elevaba un descontento popular que eventualmente era forzado por los militares para reemplazarlos con reglas menos dogmáticas. Las ideas sobrevivieron en las fuerzas armadas, particularmente entre los de la línea dura de la Fuerza y particularmente en la Marina, porque aquellos hombres habían sido influenciados por los EEUU, mediante los cursos de contrainsurgencia que polarizaron el mundo para siempre entre Capitalismo occidental y Comunismo oriental. onganía llevó esta controversia polarizada como una cruzada medieval contra el comunismo, al que llamó “Doctrina de West Point” en honor a la academia donde sus ideas fueron formadas.”[iii]. Ya la “Revolución Fusiladora” de 1956 había puesto los cimientos para que el aparato disciplinador controlara todo intento de movilización popular. Estos procedimientos se repetirían con mayor éxito para los representantes delstablishment, definitivamente enquistados en la economía nacional, que completaron la obra de entrega de la economía el 24 de marzo de 1976.Paradójicamente “perejiles” en las manos de los “cerebros” delstablishment, fueron los augustos represores de los disidentes, obreros, estudiantes, docentes, hoy treinta mil espacios vacíos en la sociedad. Permitieron la destrucción económica del país, cómplices de la destrucción económica y social a los que les lavaron el cerebro haciéndoles creer, nuevamente, que eran enviados de Dios para “poner el orden”, combatiendo al enemigo, que ahora más que enemigo continental lo era “fronteras adentro”, es mas, compartía las calles, las plazas, las aulas… Mano ejecutora, manu militari, hirieron y echaron sal sobre las heridas, secuestraron y fusilaron para luego mentir fraguados enfrentamientos. Herederos de proyectos que se gestaban fronteras afuera, fueron peleles en las manos de los intereses extranjeros, cipayos cuyos nombres no deben ser olvidados. Como tampoco deben ser olvidados los sucesos de agosto de 1972. “El 15 de agosto de 1972, veinticinco presos políticos se fugaron del fueron las primeras víctimas de la violencia institucionalizada que se Los Caídos Carlos Alberto Astudillo (FAR): nacido en Santiago del Estero el 17 de Berger, María Antonia (MONTONEROS) Lic. en Sociología, fue detenida (=85) Querida mamá - leyeron en una carta -: No elegí la violencia La larga noche de los genocidas empezó en Trelew, un día de agosto La masacre de Trelew (publicado en la revista "Los '70") |
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martes, 21 de agosto de 2007
TRELEW 22 de agosto por Mónica Oporto
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viernes, 6 de julio de 2007
La memoria de Argentina y la amnesia de España.
Por Marc Bou*
Hace unos meses, la Corte Suprema de Argentina declaraba inconstitucionales la Ley de Punto y Final y la Ley de Obediencia Debida promulgadas en 1986 y 1987, respectivamente. La Ley de Punto y Final establecía la prescripción de las acciones penales contra militares, policías y funcionarios carcelarios acusados de participar en la represión política durante la dictadura (1976-1983); mientras que la Ley de Obediencia Debida eximía de cualquier responsabilidad penal a aquellos oficiales que, por su ubicación en la cadena de mandos, obedecieron órdenes de sus superiores y que, por tanto, se extralimitaron a la hora de ejercer sus facultades o atribuciones. La vigencia de estas d

El pronunciamiento del más alto tribunal sobre la inconstitucionalidad de las "leyes del perdón", fue precedido por el juicio, en España, del ex militar argentino Adolfo Scilingo. Scilingo, destinado en la tristemente famosa Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), fue condenado por la Audiencia Nacional a 640 años de prisión por crímenes contra la humanidad así como por los delitos de detención ilegal y torturas. Esta sentencia es completamente anómala ya que se trata de una persona que ha sido procesada y condenada por aquellos delitos en manos de un tribunal extranjero. En un primer momento celebré que la Audiencia Nacional estuviera habilitada legalmente, en aplicación de una especie de jurisdicción universal, para perseguir delitos cometidos fuera del territorio nacional susceptibles de ser tipificados como delitos contra la humanidad. Sin embargo, pronto me invadieron serias dudas sobre la moralidad de la justicia española para abanderar este proceso u otros anteriores como el caso Pinochet.
El por qué de mis dudas entronca directamente con el modelo de transición a la democracia que vivió España. Existe una gran unanimidad, tanto política como académica, en considerar que el balance de la transición española es globalmente positivo. De hecho, se sostiene que el modelo español sirvió de modelo de referencia en algunas transiciones latinoamericanas, en la polaca o en la húngara. Y quizás sea cierto. La transición española se caracterizó por los pactos y las negociaciones entre los principales actores del momento. Este escenario fue consecuencia del frágil e inestable equilibrio entre la clase política franquista y la oposición, dividida y con pocos recursos organizativos, que aconsejó a ambas partes renunciar a la violencia pactando nuevas reglas de confrontación civil que pudieron ser aceptadas por todos.
Pero, ¿cuál fue el precio que tuvieron que pagar los españoles para obtener la democracia? Toda negociación, y más cuando ninguna de las partes goza de más poder para imponer sus demandas, conlleva renuncias y concesiones importantes. Por ejemplo, los partidos de izquierda diluyeron su republicanismo y aceptaron la monarquía a cambio de que ésta tuviera poderes limitados y perfectamente definidos. Ahora bien, hasta la fecha, y a diferencia de los sucedido con la derogación de las "leyes del perdón" en Argentina, España ha desistido a la hora de exigir responsabilidades a aquellos que formaron parte del aparato represor del régimen franquista. Como el general Franco, muchos de los que cometieron atrocidades y violaron flagrantemente los derechos humanos finalizaron sus días en democracia sin haber respondido de sus actos ante la justicia. Es más, algunos ocuparon posiciones estratégicas en el mundo de la política y de la economía que les reportaron importantes beneficios.
Analistas y estudiosos de la transición española sostienen que el hecho de no remover el pasado fue uno de los aspectos esenciales para no debilitar el incipiente proceso de democratización del país. De hecho, este argumento también fue utilizado por Menem cuando, en declaraciones ante los medios, justificaba la promulgación de los indultos en pro de la pacificación y como mecanismo para apaciguar los intentos golpistas de los militares. Sea como fuere, ¿cómo puede la justicia española perseguir delitos de este calibre a nivel internacional (como el caso Scilingo) cuando hemos dado la espalda a todas las víctimas de la represión franquista que, por cierto, fueron infinitamente superiores a las de Argentina? Con la inconstitucionalidad de las "leyes del perdón", Argentina pude decir con la voz bien alta que ya no sustenta su democracia gracias al silencio y a la impunidad pero, sobre todo, porque no ha confundido reconciliación con amnesia. Las generaciones futuras agradecerán este gesto de valentía y responsabilidad histórica. España ya habría hecho tarde.
* Marc Bou i Novensà es un joven catalán, analista del Instituto Internacional de Gobernabilidad deCatalunya. Los temas de investigaciones que desarrolla se concentran en pluralismo, identidad, desigualdad, pobreza y derecho de información.
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miércoles, 13 de junio de 2007
La ofensiva ultraconservadora contra el movimiento por la Memoria Histórica Democrática
José Mª Pedreño
Federación Estatal de Foros por la Memoria
Federación Estatal de Foros por la Memoria
Desde que la recuperación de la Memoria Histórica Democrática rompió el cerco mediático, saltando a las páginas de los periódicos, y se fue consolidando a su alrededor un fuerte movimiento social, las fuerzas antidemocráticas de la derecha española han creado una estrategia con el objetivo de neutralizar la posibilidad de que este movimiento pueda ser motor de nuevas conquistas democráticas.
Estamos asistiendo a una gran ofensiva ultraconservadora en todos los frentes. Esta ofensiva viene marcada por un agrupamiento de las fuerzas antidemocráticas de la derecha española que no se resignan a tener solamente el poder, sino que además desean el gobierno para poder utilizar ese poder de forma más eficaz. Para conseguirlo ha creado una amplia red de órganos de divulgación a través de los que unificar y transmitir ideas a la sociedad y de esta forma poder generar la cohesión ideológica necesaria para construir y articular su “bloque histórico”. Fenómenos como los de Pío Moa, Cesar Vidal o Jiménez de los Santos, en los que la defensa del “amigo americano”, de la invasión de Irak y los ataques contra el proceso de paz en
Euzkadi se dan la mano con el revisionismo histórico y la negación del exterminio de los defensores de la legalidad democrática de la II Re
pública, no son casuales. El trabajo realizado por el movimiento supone un asalto frontal a las trincheras ideológicas de las fuerzas antidemocráticas de la derecha española. Esto ha sido contestado con la divulgación de verdaderos manuales de revisionismo histórico y negacionismo sin ninguna clase de rigor científico. Las declaraciones de diversos dirigentes del PP en referencia a que “desenterrar restos de la Guerra Civil” crispa a los ciudadanos y ataca el espíritu de la transición, en algunos casos reivindicando ser herederos de los vencedores, son una clara muestra del daño ideológico que la recuperación de la memoria histórica democrática está ocasionando en sus planteamientos. Recientemente, Esperanza Aguirre hacía referencia a que la crispación de los ciudadanos estaba generada por el afán de desenterrar el pasado y el proceso de paz en Euzkadi. Declaraciones similares hemos oído o leído de otros destacados dirigentes del PP.

En centros de poder en los que no sólo no ha penetrado suficientemente la democratización, sino que está en franco retroceso, como es el Poder Judicial, además de estar intentando evitar que la cuestión de las víctimas del franquismo sea tratada, desde el punto de vista jurídico, bajo los planteamientos que deben regir una democracia -es decir, bajo el prisma de las leyes penales internacionales y españolas-, se empeñan en castigar duramente a quienes intentan esclarecer la verdad con sus investigaciones. El caso de Dionisio Pereira, dando nombres concretos de los represores franquistas en la comarca de Cerdedo es una buena prueba de ello. El compañero Dionisio ha trabajado por investigar y dar a conocer la verdad, cuestión a la que tienen derecho tanto las víctimas como las sociedades que han sufrido graves crímenes contra la humanidad. Es curioso ver como estando llenas las cunetas de fosas comunes con los restos de personas asesinadas por defender la legalidad democrática republicana, el poder judicial no tome cartas en el asunto y, sin embargo, admita a trámite denuncias contra investigadores cuyo riguroso trabajo está posibilitando que tanto nuestra sociedad, como los familiares de las víctimas, tengamos acceso a conocer la verdad; es decir, el derecho a saber.
Amparándose en el revisionismo histórico y en la negación del exterminio de los defensores de la legalidad democrática republicana por parte de las fuerzas antidemocráticas, que los pseudohistoriadores vinculados a la FAES están vertiendo en libros y medios de comunicación, se está divulgando auténticas falacias que nada tienen que ver con una derecha liberal, democrática y europea. Recientemente, Pedro Alberto Cruz Sánchez, profesor de la Facultad de Bellas Artes de Universidad de Murcia, según Vega Media Press, ha afirmado ante sus alumnos, que el movimiento social por la Recuperación de la Memoria Histórica "no es sino rescatar los huesos de criminales de guerra". Este tipo de comentarios no se corresponden con una mentalidad democrática, atentan contra la verdad y sirven para mantener la manipulación ideológica del franquismo más allá de la muerte del dictador y son resultado de tanta impunidad y revisionismo histórico.
Ante esta situación en la que los poderes del estado persiguen a quien defiende los Derechos Humanos y muestran inacción ante quienes practican el revisionismo histórico y el negacionismo (ambas cuestiones tipificadas como delito en el derecho penal internacional), las fuerzas democráticas deben tomar posiciones. Gran parte de lo que está ocurriendo es efecto de la impunidad de la que han gozado, y gozan, las fuerzas antidemocráticas de la derecha española sin que las fuerzas democráticas parlamentarias sean capaces de investirse de la valentía política necesaria para hacer frente a la situación.
La tibieza con la que las fuerzas parlamentarias democráticas están tratando estos temas, sin atender derechos irrenunciables (Verdad, Justicia, Reconocimiento y Reparación), está permitiendo que los planteamientos ideológicos de las fuerzas antidemocráticas de la derecha española se transformen, poco a poco, en opinión reconocida y asumida como verdad histórica por una buena parte de la sociedad. Con leyes de memoria que asientan la impunidad no se va a parar la ola de revisionismo y negacionismo que nos intenta arrasar, sino que además se fortalece la ofensiva ultraconservadora que no encuentra ningún muro ideológico, ni jurídico, ni político de contención.
Se hace cada vez más necesaria una acumulación de fuerzas para combatir la gran ofensiva de las fuerzas antidemocráticas de la derecha. Por eso, hacemos un llamamiento a todas las fuerzas democráticas (sindicatos, partidos, asociaciones, medios de comunicación, etc.)para configurar un amplio frente de lucha ideológica que contrarreste, y haga retroceder, los planteamientos revisionistas y negacionistas respecto a la Memoria Histórica, vinculando este frente a la defensa de los Derechos Humanos y la Lucha contra la Impunidad, sustanciándose el mismo sobre trabajos y acciones concretas, no con leyes que asienten la impunidad.
Estamos asistiendo a la mayor involución democrática de los últimos 30 años y va siendo hora de empezar a pararla. Se hace más necesario que nunca la construcción de instrumentos de confrontación ideológica capaces de articular el pensamiento diverso de las fuerzas democráticas no sólo para contrarrestar la ofensiva ultraconservadora, sino para conseguir mayores y necesarios avances democráticos.
Y no se trata de legislar de “cara a la galería” para luego no hacer nada, sino de empezar a tener la claridad ideológica, la voluntad política y la firmeza necesaria para obligar a que los jueces apliquen las leyes del estado democrático de derecho contra los criminales de la dictadura franquista, contra los que practican el revisionismo histórico y el negacionismo, y contra los defensores del golpismo y del terrorismo de estado franquista.
Publicado por
Foro por la Memoria - Rep. Argentina.
en
miércoles, junio 13, 2007
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