viernes, 17 de agosto de 2007

Sacerdote represor


No lo condenará la iglesia pero sí la justicia, nuestros jueces argentinos.

ARGENPRESS.16/8/2007
Opinión
Argentina
¿El arzobispado mantendrá hasta el final la condición de sacerdote para el represor?
Por: Emilio Marín (LA ARENA).

Cada semana de audiencias acumula más material probatorio contra el ex capellán del general Ramón Camps y colaborador suyo en los campos de exterminio en Buenos Aires. ¿Qué espera el cardenal Bergoglio para apartarlo de la iglesia?

El juicio contra el presbítero Christian F. Von Wernich se lleva adelante desde el 5 de julio último. El Tribunal Oral Federal presidido por Carlos Rozanski e integrado también por Norberto Lorenzo y Horacio Insaurralde, lo está juzgando por siete homicidios, 41 privaciones ilegítimas de la libertad y numerosas torturas.

Esos delitos, en los que el cura habría tenido participación directa, como cómplice y colaborador de Camps, se cometieron durante la dictadura en la Comisaría 5ª de La Plata, la Brigada de Investigaciones de La Plata, el “Puesto Vasco” de Bernal, el “COTI” de Martínez y la Brigada de Investigaciones de Quilmes.

Ese general era jefe de Policía de la Provincia de Buenos Aires y en algún reportaje admitió que había hecho desaparecer a unos 5.000 “subversivos” (léase militantes populares). Von Wernich, también entrerriano, gozaba de su absoluta confianza y fue ordenado sacerdote en 1976, pasando a ser el capellán “todo terreno”.

¿Qué quiere decir “todo terreno”? Ya en 1984, con declaraciones de sobrevivientes ante la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep) y en 1998, con el llamado “Juicio de la Verdad”, se acumuló mucho material probatorio contra el represor de sotana.

Por eso, después de beneficiarse de las leyes de la impunidad alumbradas por el alfonsinismo, el acusado terminó preso en setiembre de 2003. Hubo que aguardar que las leyes mencionadas fueran anuladas por el Congreso y, en consecuencia, sus efectos legales se consideran nulos.

A partir de entonces se vio que la benevolencia de la justicia con ese personaje empezaba a escasear. No tanto. Desde 2003 hasta mayo de 2007 estuvo alojado como preso VIP en la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal, muy lejos de las condiciones en que vive la mayoría los presos. Recién entonces los camaristas ordenaron su traslado a una cárcel común. La medida fue una señal de que se avecinaba el juicio, a pesar de flotar en la atmósfera platense la angustia por la desaparición forzada del testigo Julio López, luego que fundiera con sus testimonios a otro ladero de Camps, el ex comisario Miguel Etchecolatz.

¿Se animarían los testigos a sentarse ante el tribunal, identificarse y decir todo lo que sabían? ¿Lo harían después de lo que sucedió a López?

Por lo menos este primer interrogante ya fue resuelto favorablemente. Afrontando muchos temores y el sufrimiento de tener que recordar todos los padecimientos otra vez, y en público, muchas víctimas y familiares de desaparecidos aportaron lo suyo. Los medios de comunicación de la derecha quieren convertir a la famosa valija en el tema más importante de sus noticieros y editoriales, pero ese lugar central debería reservarse para la lección de ética y coraje de los testigos y abogados querellantes, incluso de los camaristas. Cuestión de punto de vista y enfoque, que le llaman.

De lo peor

La procedencia de los testigos es una prueba irrefutable del amplio arco opositor que reprimió la dictadura. Por el estrado pasaron ex funcionarios de la gobernación platense durante el justicialismo, como Juan Destéfano (ex presidente de Racing), varios miembros de la familia Graiver, el hijo del periodista Jacobo Timmerman, el empresario Osvaldo Papaleo, ex militantes de la JTP como Ramón Molina, cuya compañera Liliana Galarza quedó como desaparecida luego de haber dado a luz una beba; la periodista Mona Moncalvillo y muchos más. Se ha citado a 126 testigos y se estima que a lo largo de tres meses se podrá oírlos a todos.

El cargo más grave que afronta el reo es el de coautoría de los homicidios calificados de Galarza, Domingo Moncalvillo, María del Carmen Morettini, Cecilia Idiart, María Magdalena Mainer, Pablo Mainer y Nilda Susana Salomone. Ellos componían el llamado “Grupo de los 7” detenidos que, perteneciendo a la JP y algunos a Montoneros, prestaron bajo tortura cierta colaboración a las fuerzas represivas.

Von Wernich aseguró a los familiares de los 7 jóvenes que él había influido en su “recuperación” y que iban a permitirles salir del país. Con tal excusa pidió dinero a los familiares -en un caso 1.500 dólares- pero finalmente esas personas fueron aniquiladas cerca de Brandsen, cuando supuestamente se los llevaba al aeropuerto de Ezeiza.

En ese operativo la sangre de las víctimas manchó la ropa de los represores, incluido el capellán. El chofer policial Julio Ehmed declaró ante la Conadep que tras la masacre fue reconfortado por el sacerdote. “Me dijo que lo que habíamos hecho era necesario para bien de la Patria, que era un acto patriótico y que Dios sabía que lo que se estaba haciendo era para el bien del país” contó Ehmed a la integrante de la comisión, Graciela Fernández Meijide.

Cuando los familiares de los presos no tuvieron más novedades de los “viajeros” y preguntaron al cura, éste les mintió sobre el destino que tuvieron. Seguía diciéndoles que no dijeran nada ni hicieran presentaciones judiciales. Tenían que esperar. Tapaba así el crimen horrendo del que había sido cómplice directo.

Von Wernich sólo fue a las audiencias el día que comenzaron. Y en vez de pedir perdón, mostrar arrepentimiento y dar informaciones a quienes siguen buscando a sus seres tras treinta años, se limitó a identificarse: “soy sacerdote de la Iglesia Católica Apostólica Romana, de la diócesis de Nueve de Julio”. Luego se negó a declarar y se saludó con Cecilia Pando, la esposa de un militar que hace campaña por la libertad de Jorge R. Videla. Pando opinó: “todo esto es un circo romano armado por el gobierno”.

El silencio

De los testimonios dados surge que el capellán participaba de los secuestros, torturas y aún crímenes; que buscaba información entre los prisioneros para proporcionarla a los represores y les facilitaba a éstos la desinformación de los familiares; que cobraba dinero con falsas promesas de salidas al exterior; influía en el ánimo de los detenidos para quebrarles la moral y facilitar el trabajo de la picana, etc.

Sus sentimientos no eran cristianos. Su vocación religiosa es muy dudosa por no decir inexistente, porque a alguien le confesó que se hizo cura para tener que trabajar sólo un día a la semana, el domingo. Aunque como quedó expuesto, después hacía “horas extras” en Puesto Vasco y otros antros.

Además de estar unificado en el discurso virulentamente anticomunista y “occidental y cristiano” del general, el capellán aportó para el “ablande” y la búsqueda de datos sobre los Graiver y otros financistas. Es que en base a informaciones propias, la patota dictatorial también buscaba dólares. Con el diagnóstico de Camps sobre José B. Gelbard-David Graiver coincidía un sector político lopezrreguista que desde 1974 afirmaba que Gelbard, Graiver, Jacobo Timmerman y Mario Firmenich eran todos “aparatchikis” (agentes) de la URSS.

“La vida de los hombres depende de Dios y de tu colaboración” les planteaba el sacerdote a los torturados, según testimonio de Luis Velazco. A tal punto llegó la colaboración del represor con Camps, que el testigo Luis G. Taub, preguntó: “¿es posible hacerle llegar una copia de lo que yo estoy diciendo a la Curia para que tomen alguna medida con este cura?”.

Rubén F. Schell, manifestó “yo no sé si lo pueden sacar, pero considero que este hombre no debería ser sacerdote; pese a las torturas, los golpes, y las picanas, la peor tortura que sufrí de parte de este señor Von Wernich fue la tortura moral; lo recuerdo y aún me duele que un sacerdote haga estas cosas”.

¿Qué pasa que el cardenal Bergoglio no toma medidas con quien ha enlodado a su iglesia cometiendo crímenes de lesa humanidad, y no se arrepiente? Cabe recordar que en 1996 la iglesia reubicó a Von Wernich como el cura “Christian González” en El Quisco, un pueblo de pescadores en Chile.

Llama la atención el diferente trato dado por esa iglesia según “la cara del cliente”. Al cura Antonio Puigjané, que no participó del copamiento del cuartel de La Tablada, lo sancionaron severamente. Esa fue una injusticia. ¿Por qué el titular de la Conferencia Episcopal no propicia sanciones contra el confesor de Camps? En sus homilías clama contra la revisión del pasado y denuncia que la Iglesia es perseguida. Cualquier ingenuo podría preguntarse: ¿sigue protegiendo al represor?




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